Acusan a Poggi de enriquecimiento ilícito: sus hijos suman 13 inmuebles
El diputado Ernesto Alá amplió una denuncia contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sostiene que el patrimonio declarado no se corresponde con los ingresos del mandatario, y la causa está paralizada en la Justicia Federal de San Luis.
El diputado Ernesto Alá amplió a fines de septiembre su denuncia contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y omisión maliciosa. Lo hizo tras corroborar con la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales el registro de inmuebles a nombre de personas vinculadas al mandatario.
Según la denuncia, la hija del gobernador, María Victoria Poggi, es titular de ocho inmuebles, y su hijo, Federico Poggi, de cinco. Ambos tienen menos de 40 años. La esposa, Sandra Mabel Correa Sosa, figura con otros cuatro. Alá habla de un "entramado patrimonial familiar" y afirma que los ingresos declarados de Poggi no serían compatibles con ese volumen de bienes. Los documentos consultados muestran un usufructo gratuito, vitalicio y con derecho de acrecer a favor de los jóvenes, lo que en los hechos traspasa los bienes a los hijos aunque el gobernador puede seguir disponiendo de ellos hasta su fallecimiento.
El abogado del diputado, Leonardo Martínez Herrero, pidió a la Justicia oficios para determinar tipo de inmuebles, superficie, valuación fiscal, titularidad y fechas de adquisición. También reclamó informes a ARCA sobre la situación fiscal y las declaraciones de ganancias de los involucrados, además de datos de entidades bancarias y financieras.
La presentación de Alá, que ingresó al Congreso por Unión por la Patria y hace un mes se separó del bloque de Germán Martínez, recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, con intervención prevista de la fiscal Paloma Ochoa. Ambos se declararon incompetentes y la enviaron a la Justicia Federal de San Luis, donde ya estaba radicada la denuncia del abogado Gustavo Reviglio. Allí, según el relato, la causa sigue frenada en manos del juez Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid, y hasta este viernes no tuvo movimientos.
En el plano patrimonial, el legislador sostiene que entre 2017 y 2023 los bienes de Poggi pasaron de $9.338.689,20 a $79.586.045,10 en 2022/2023. Según la denuncia, ese aumento de casi 70 millones de pesos no se corresponde con sus ingresos como diputado y senador, sus rentas por alquileres ni los montos declarados como no alcanzados. Alá apunta además a una "fuerte dolarización del ahorro", a la tenencia de efectivo en dólares (USD 111.495 en 2019) y a revaluaciones de inmuebles, en especial en Alpa Corral.
Sobre 2022, el denunciante señala que los bienes pasaron de $39.522.367,90 a $79.586.045,10 y que las deudas desaparecieron. Afirma que la capacidad de ahorro explicable ronda entre 7 y 9 millones de pesos, frente a un aumento real superior a los 40 millones, que se justifica con una "diferencia de valuación" de $32.431.108,69. También cuestiona la declaración jurada de baja de 2023, que según él "contiene errores incompatibles con la veracidad".
La causa se enmarca en la disputa política entre Poggi y su antecesor, Alberto Rodríguez Saá. Los funcionarios que acompañaron al ex gobernador acusan al actual mandatario de persecución. El 26 de agosto, el juez Santiago Olguín dictó la prisión preventiva de la ex diputada Anabela Lucero, procesada por el uso de facturas falsas durante su gestión al frente del Molino Fénix, por unos 900 millones de pesos.
Fuente: LPO
Foto: Cámara de Diputados de la Nación (dominio público)